Iniciativa de ley general de responsabilidad empresarial y debida diligencia corporativa

Con motivo a la entrada en vigor del T-MEC, el día 22 de septiembre se publicó en la Gaceta del Senado, la iniciativa de decreto de Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa, la cual busca regular la conducta de las Empresas con la finalidad de mitigar las violaciones a los derechos humanos que éstas pudieran cometer.

Dicha iniciativa busca imponer a las Empresas, la obligación de contar con políticas y procedimientos apropiados en función de su tamaño y circunstancias, incluyendo:

1. La inclusión de una cláusula en sus estatutos sociales para la protección a los derechos humanos;
2. Desarrollar un diagnóstico sobre los impactos de las actividades empresariales en materia de derechos humanos;
3. Plan de acción para la implementación de medidas de prevención y mitigación de riesgos;
4. Elaborar indicadores de medición para una efectiva supervisión y seguimiento de las acciones implementadas;
5. Diseñar mecanismos institucionales de remediación de daños por violaciones a derechos humanos; y
6. Albergar una figura identificada bajo el rubro de ombudsperson organizacional.

1. Cuando las actividades propias de la Empresa estén o hayan provocado una afectación directa a los derechos humanos;
2. Cuando las actividades propias de la Empresa, a sabiendas que éstas contribuyen o pueden llegar a contribuir indirectamente a cualquier afectación a los derechos humanos, no las hubiesen evitado; y
3. Cuando las actividades de alguna entidad con la que una empresa mantenga relación comercial causen o estén causando una afectación y se vinculen directamente a las operaciones, productos o servicios de la propia Empresa.

1. Amonestación pública o privada;
2. Sanción pecuniaria o multa;
3. Suspensión de actividades;
4. Clausura de establecimientos o locales; y
5. Prohibir la realización en el futuro de las actividades en cuyo ejercicio haya cometido o participado en la violación de los derechos humanos.

Finalmente, toda autoridad deberá ejercer una supervisión adecuada para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos cuando adquieran productos o contraten servicios de empresas a través de auditorías a sus proveedores.

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