El 25 de febrero de 2026, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de jornada laboral. La votación en lo general fue unánime con 469 votos a favor, mientras que en lo particular se obtuvieron 411 votos a favor y 58 en contra.
La reforma constitucional establece la reducción gradual de la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales. El año 2026 funcionará como periodo de transición, manteniéndose la jornada actual de 48 horas para que las empresas ajusten contratos, nóminas y turnos. A partir del 1 de enero de 2027 iniciará la reducción gradual: 46 horas en 2027, 44 horas en 2028, 42 horas en 2029, hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030. En ningún caso la reducción de jornada implicará disminución de sueldos, salarios o prestaciones.
En materia de tiempo extraordinario, se amplía el límite de 9 a 12 horas semanales, las cuales podrán distribuirse en hasta 4 horas diarias en un máximo de 4 días por semana, con pago del 200% del salario ordinario. Se prohíbe expresamente que menores de 18 años laboren tiempo extraordinario. La reforma mantiene el esquema de un día de descanso obligatorio por cada seis días laborados.
El decreto ha sido turnado a los 32 congresos locales para los efectos del artículo 135 constitucional. Una vez que sea aprobado por al menos 17 legislaturas estatales, será publicado en el Diario Oficial de la Federación. Posteriormente, el Congreso de la Unión contará con 90 días para armonizar la Ley Federal del Trabajo con las nuevas disposiciones constitucionales.
Las empresas deben comenzar a evaluar el impacto operativo de esta transición, considerando esquemas de turnos, estructuras de compensación y procesos productivos actuales.
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